Responsabilidad primaria:
• Garantizar la protección, promoción y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Área Metropolitana, bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del interés superior del niño. Su gestión se orienta a asegurar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria mediante el fortalecimiento de vínculos y responsabilidades parentales, interviniendo de forma interdisciplinaria y articulada con el Sistema de Protección Integral. Asimismo, implica regular las causales de separación familiar para evitar la institucionalización innecesaria, procurando respuestas integrales que prevengan la judicialización de situaciones derivadas de la vulnerabilidad social o económica.
Acciones:
1. Fortalecer los conocimientos de docentes, personal médico y fuerzas de seguridad sobre sus funciones dentro del Sistema de Protección Integral, enfatizando su rol como garantes de derechos y su obligación legal de comunicar y denunciar cualquier amenaza o vulneración que afecte a niños y adolescentes.
2. Promover el fortalecimiento de los vínculos familiares mediante capacitaciones sobre el principio de responsabilidad primaria, facultando a las familias para el cumplimiento efectivo de sus deberes de asistencia, guarda y educación conforme al Sistema de Protección Integral.
3. Conformar el Consejo Regional del Área Metropolitana mediante la articulación con sus respectivos municipios de esta región, garantizando el ejercicio de las funciones de concertación y planificación de políticas públicas de infancia previstas en el Art. 16 de la Ley N°2086-C.
4. Instituir el Registro de Abogados del Niño y Adolescente, con el objeto de garantizar el patrocinio jurídico especializado y la representación autónoma de los mismos en todo proceso administrativo o judicial donde sus derechos se hallen amenazados o vulnerados.
5. Instituir el Registro de Familias de Acogimiento, destinado a brindar cuidado, contención y atención integral de manera transitoria a niñas, niños y adolescentes que atraviesan una Medida de Protección Excepcional, conforme a los lineamientos de la Ley N° 2086.
6. Instituir el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, destinado a entidades que aborden la temática de infancias y adolescencias, con el fin de formalizar su integración al Sistema de Protección Integral, articular intervenciones conjuntas y garantizar la corresponsabilidad en la promoción y defensa de derechos de niños y adolescentes.
7. Articular y coordinar intervenciones ante amenazas o vulneraciones de derechos de niños y adolescentes con los organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil que integran el Sistema de Protección Integral, a fin de garantizar la restitución efectiva de los derechos vulnerados y el cese de la situación de riesgo.
8. Intervenir de manera interdisciplinaria, brindar asesoramiento técnico especializado y emitir dictámenes fundados en situaciones de amenaza o vulneración de derechos, con el fin de garantizar la restitución inmediata de los mismos conforme a los principios de la Ley N°2086-C.
9. Adoptar Medidas de Protección Excepcional cuando niños o adolescentes se vean temporalmente privados de su centro de vida o medio familiar, garantizando su carácter transitorio y el respeto irrenunciable a su Interés Superior, conforme a lo establecido en los Artículos 29 y 30 de la Ley N°2086- C.
10. Ejecutar las políticas de Justicia Juvenil Especializada en el marco de la Ley N°2951-M, garantizando el cumplimiento de las medidas socioeducativas y los programas de libertad asistida destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal, bajo los principios de la Ley N°2086-C.
11. Articular acciones con el Registro Centralizado de Adoptantes (RCA) del Poder Judicial, interviniendo en los procesos de declaración de adoptabilidad y acompañando las etapas de guarda con fines de adopción, garantizando el derecho de niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia.