Acciones:
1. Promover, gestionar y articular acciones con organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, no gubernamentales y del Poder Judicial, orientadas a la protección integral de los derechos de niños y adolescentes que se encuentren sin cuidados parentales y bajo medidas de protección integral, a través de las instituciones de contención correspondientes.
2. Supervisar técnica y administrativamente los procesos de ingreso y egreso de niños y adolescentes sin cuidados parentales a los dispositivos institucionales habilitados, en el marco de las medidas de protección excepcionales vigentes.
3. Coordinar acciones con los organismos y programas responsables de la creación y fortalecimiento de ámbitos familiares alternativos a la institucionalización, a fin de favorecer el egreso institucional de los niños y adolescentes.
4. Diseñar e implementar estrategias de intervención orientadas a la revinculación de los niños y adolescentes con su familia de origen, familia ampliada o familia adoptante, conforme al interés superior del niño.
5. Organizar y mantener actualizado el Registro de Familias Acogedoras, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título VII de la Ley Nº 2086- C de Protección Integral de los Derechos de los niños y adolescentes.
6. Generar instancias que favorezcan el crecimiento sano y el desarrollo integral de los niños y adolescentes, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de aquellos que se encuentren sin cuidados parentales.
7. Convocar y celebrar audiencias con las familias de los niños y adolescentes en resguardo, emitir dictámenes técnicos de evaluación de casos y elevar las actuaciones al órgano competente para la adopción de las medidas de protección excepcionales que correspondan.
8. Coordinar acciones con instituciones educativas y de salud para garantizar la atención integral de los niños y adolescentes en resguardo, sin cuidados parentales y bajo medidas de protección excepcional.
9. Realizar, a través de los equipos interdisciplinarios, el seguimiento y monitoreo in situ de los niños y adolescentes que hayan egresado de los dispositivos institucionales, por un período no menor a seis (6) meses o hasta que se verifique fehacientemente el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.